El propósito fundamental de esta legislación de salud mental es el de proteger, promover y mejorar las vida y el bienestar mental de los ciudadanos.
De ella se desglosa los siguientes puntos.
La protección, promoción y mejora de los derechos a través de la legislación de Salud Mental
Entre los derechos y principios más importantes se encuentran la igualdad, la prohibición de discriminación, el derecho a la privacidad y a la autonomía personal, la prohibición de tratos inhumanos y degradantes, el principio del ambiente menos restrictivo de la libertad y los derechos a la información y a la participación.
Discriminación y salud mental
La legislación es necesaria para evitar la discriminación contra las personas con trastornos mentales. La discriminación puede tener impacto sobre el acceso de una persona al tratamiento y atención adecuados, como sobre otras áreas de la vida, como el empleo, la educación y la vivienda.
El derecho a la salud en diferentes instrumentos internacionales
Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales, 1966, establece el derecho de toda persona al disfrute del más alto nivel posible de salud física y mental.
Los artículos 11. 1(f) y 12 de la Convención para la Eliminación de Todas las Formas de Discriminación contra la Mujer, 1979.
La Convención Internacional contra la Tortura y otros Tratos o Penas Crueles, Inhumanos o Degradantes (1984) El artículo 16, impone a los Estados parte la obligación de prevenir los actos que constituyan tratamientos o penas crueles, inhumanos o degradantes.
La Convención Internacional sobre los Derechos del Niño, 1989, incluye la protección contra toda forma de abuso físico y mental; la prohibición de discriminación; el derecho a la vida, a la supervivencia y al desarrollo.
Normas Uniformes para la Equiparación de Oportunidades para las personas con discapacidad, 1993.
La Conferencia Mundial sobre Derechos Humanos, reiteró que el derecho internacional de los derechos humanos protege a las personas con discapacidades mentales y físicas, y que los gobiernos deben adoptar legislación doméstica para la realización de esos derechos.
Declaración de Caracas (1990)
La Declaración de Caracas (1990), señala que la confianza exclusiva en la internación en hospitales psiquiátricos como forma de tratamiento aísla a los pacientes de su ambiente natural, y genera mayor discapacidad.
La Declaración establece un nexo fundamental entre servicios de salud mental y derechos humanos, al concluir que los servicios de salud mental anticuados ponen en peligro los derechos humanos de los pacientes.
La Declaración pretende promover los servicios de salud mental comunitarios e integrados, y sugiere una reestructuración de la atención psiquiátrica existente.
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